Miguel Sebastián, quien fuera ministro de Industria socialista en la segunda legislatura de Zapatero, ha firmado un manifiesto en el que militantes y simpatizantes del PSOE muestran su "preocupación" por el movimiento hacia la izquierda que ha dado el discurso del PSOE. En el citado manifiesto, las decenas de refrendarios muestran su preocupación por este cambio de rumbo ideológico, ya que la focalización en la búsqueda del voto podría dificultar el retorno de los socialistas al Gobierno.
Antes de comenzar cualquier tipo de reflexión, conviene recordar lo que la RAE entiende por socialismo: "sistema de organización social y económico basado en la propiedad y administración colectiva o estatal de los medios de producción y en la regulación por el Estado de las actividades económicas y sociales, y la distribución de los bienes". Conviene recordar, también, que esta definición debiera estar implícita en la definición ideológica del PSOE, ya que es su propio nombre el que contiene la palabra "socialista".
A partir de la definición, y sin obviar que el propio PSOE no ha hecho ni caso de ella (en este hay que aludir a que Felipe González fue quien propició la gran ola privatizadora de los ´90, posteriormente desarrollada por José Mª Aznar, lo cual es totalmente opuesto a "la propiedad y organización colectiva y estatal de los medios de producción"), habría que detenerse en un par de puntos claves de este manifiesto.
En primer lugar, la proclama comienza tratando el error que supone "recuperar ciertas raíces de izquierda en lo económico, una especie de vuelta a las esencias". Pues bien, es conveniente aclarar que es la esencia misma del manifiesto la que quiere volver a los orígenes socialistas, en tanto que el propósito del mismo es convencer a los dirigentes del partido de que no han de radicalizarse si quieren volver a gobernar. Esta aspiración podría resumirse en una sola palabra: oportunismo.
Oportunismo porque más allá de que un partido político debería ser un centro ideológico de debate y alternativas, se está concibiendo al partido meramente como el medio para alcanzar el poder. Oportunismo porque se evidencia la falta de consenso ideológico y se apunta, exclusivamente, a virar el discurso en función de las percepciones del electorado. Oportunismo porque un partido que no tiene un programa político definido ni en su propio seno, no debería ni plantearse como alternativa de Gobierno. Oportunismo, al fin y al cabo, como lleva haciendo a lo largo de toda su historia:
- Oportunismo fue que el Partido Socialista Obrero Español colaborase con la dictadura de Primo de Rivera (fue el único partido que se movió dentro de la legalidad del Régimen, con la evidente aquiescencia de dirigentes históricos como Andrés Saborit y Francisco Largo Caballero).
- Oportunismo fue que en el momento del Golpe de Estado que acabaría llevando a Francisco Franco al poder, el PSOE decidiera esperar al desarrollo de los acontecimientos, en lugar de incluirse en un bloque de izquierdas -el Frente Popular- para combatir a los sublevados.
- Oportunismo fue la proposición que Felipe González hizo al Rey tras la sesión de investidura fallida de Calvo Sotelo: que se proclamase al PSOE partido de Gobierno y al propio Felipe González presidente sin pasar antes por las urnas. Afortunadamente, Juan Carlos I no concibió esta alternativa tan poco democrática en una democracia que aún se estaba construyendo.
- Oportunismo fue que Felipe González ganase unas elecciones con la promesa de que los españoles eligiesen la entrada o no del Estado en la OTAN, y que una vez alcanzada la victoria, la población hubiera de conformarse con un referéndum no vinculante.
- Oportunismo fue -como ya se ha citado anteriormente-, llevar en el holograma del partido el puño socialista pero comenzar la ola privatizadora de la década de 1990.
- Oportunismo fue que José Luis Rodríguez Zapatero, que supuestamente era "el hombre del talante", solo consiguiera ponerse de acuerdo con el partido en la oposición para constitucionalizar un techo a la deuda pública, es decir, para cercenar la única vía que garantiza las prestaciones SOCIALES.
En segundo lugar, y una vez que se ha intentado definir el descarado oportunismo del manifiesto (que enraiza a la perfección con la perspectiva histórica de oportunismo socialista), habría que detenerse en una frase que resulta insultante, onerosa, procaz e insolente: "España necesita acometer una ambiciosa agenda de reformas en nuestro tejido económico y social".
Lo primero que llama la atención respecto a esta afirmación es el sujeto que la enuncia: miembros y simpatizantes de un partido que ha gobernado España durante 21 de los últimos 35 años de historia. Es decir, que durante el 60% del periodo democrático el PSOE no ha conseguido realizar "la ambiciosa agenda de reformas en nuestro tejido económico y social". Teniendo en cuenta que el partido dejó el gobierno hace dos años, es decir, que su poder es relativamente reciente, eso de que aún exista una ambiciosa agenda de reformas demuestra, ante todo, la incompetencia que mantienen los socialistas en el Gobierno. Además, eso de hablar del tejido económico y social, sin tener en cuenta el tejido institucional (que sin lugar a dudas es la asignatura pendiente del Partido Socialista) deviene, por enésima vez, en el oportunismo.
No hay duda que uno de los mayores problemas que adolece nuestro Estado actualmente es la corrupción política: más de 800 cargos públicos y políticos imputados en 2012, encuadrados en un sistema que es incapaz de poner fin a tal escándalo. ¿Y quién es el máximo responsable de que nuestro sistema no sea capaz de cesar a los políticos corruptos? La respuesta, por su obviedad, hace que esta pregunta se convierta en retórica.
Cuando Francisco Franco ganó la Guerra Civil Española, dispuso de 40 años para convertir la Administración en una gigantesca red clientelar legitimada por las leyes del Régimen. Cuando el Generalísimo murió, Adolfo Suárez -en sus 5 años de gobierno- concentró sus esfuerzos en democratizar el Estado, hacer pacífica una Transición política en un escenario de terrorismo extremo, legalizar los derechos y libertades inherentes a los sistemas democráticos y normalizar la pluralidad política. Posteriormente, Felipe González -en sus 14 años de gobierno- concentró sus esfuerzos en dar viabilidad al proyecto autonómico, relajar las tensiones entre clases sociales, luchar contra el terrorismo de ETA, universalizar las prestaciones sociales e impulsar el mercado laboral. Sin entrar en valorar el éxito o fracaso que supusieron tales esfuerzos, cabe destacar que 14 años no fueron suficientes para modernizar la Administración según las exigencias que la actualidad requiere. Evidentemente, José Mª Aznar, presidente de un partido en el que se reunían los herederos del sistema franquista, no estaba por la labor de cambiar las Administración clientelar que había forjado su anterior generación; y Zapatero, más que modernizar las instituciones, se conformó con informatizarlas.
Así pues, llegamos al punto en el que nos encontramos actualmente. Para destacar la infructuosidad que define a las instituciones públicas españolas y la politización de la Administración pública, solo cabe mencionar (aparte de la salvaje corrupción que se desarrolla con la aquiescencia del Gobierno y del Sistema), que nuestro actual régimen político permite, por ejemplo, que el Gobierno Vasco pase de 102 asesores en la época peneuvista a casi 400 en la época socialista (Colino, 2012, p. 154); eso sí, sin que el PSOE se detenga a considerar que España necesita una "ambiciosa agenda de reformas en nuestro tejido institucional".
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