De Partido Popular a Partido Machista

A principios de 2012, la actual ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (ésa que gasta miles de euros en confeti y lleva de vacaciones a sus hijos con dinero corrupto) levantó un revuelo en las redes sociales porque, ante una muerte provocada por violencia machista, evitó este uso del lenguaje para aseverar que la muerte había sido provocada por "violencia en el entorno familiar". El empleo de este término denota dos características importantes:

1. Se obvia la particularidad de machismo sobre la violencia, lo que empobrece la definición al privarla de su singularidad más importante.

2. Se reduce la violencia al ámbito familiar, lo que podría inferir a la exclusión de machismo en actos violentos que no se encuadren en un estricto ámbito familiar tradicional -según es concebido por el PP-.

Tiempo después se produjo otro atentado contra la mujer: el anteproyecto de ley del aborto (aún no presentado ante el Congreso por falta de acuerdo entre los propios miembros del Partido Popular). En él, se recuperaría la ley de despenalización de supuestos con unas características similares a la ley de 1985. Gallardón cree que una mujer puede abortar si el embarazo es producto de una violación o si el embarazo pudiera producir daños psicológicos a la madre, pero descarta la malformación del feto como supuesto despenalizado. Al mismo tiempo, Gallardón pertenece a un gobierno que ha asestado duros golpes a la ley de dependencia, dejando prácticamente sin recursos a los beneficiarios de la misma al recortar la práctica totalidad del presupuesto. Es decir, el Gobierno del Partido Popular cree que abortar un feto malformado es discriminación -en palabras del Ministro de Justicia-, pero no considera discriminación al eliminar las ayudas a la dependencia -de las que se nutren multitud de madres de hijos malformados para sacar adelante a su familia-.

Por otro lado, Gallardón quiere eliminar la decisión propia de abortar a las menores de 16 y 17 años; es decir, que el aborto solo podría producirse bajo el consentimiento de los padres. Nos encontramos ante una clara postura ideológica en la que, bajo la excusa de la lógica, Gallardón pretende imponer el modelo de familia patriarcal en el que las decisiones son tomadas unidireccional y unipersonalmente. A los hechos anteriormente citados hay que añadir que:

1. El grupo de "expertos" que está asesorando a Gallardón para elaborar la nueva ley del aborto es secreto, es decir, el Partido Popular no quiere dar los nombres y apellidos de estos expertos. Según el PSOE, uno de los "expertos" sería el buque insignia de la aconfesionalidad estatal en España: el presidente de la Conferencia Episcopal Antonio María Rouco Varela.

2. El Gobierno habla de escuchar a todas las voces para elaborar la nueva ley, pero no ha prestado atención a un grupo de más de 300 ginecólogos que firmaron una carta en contra de la eliminación de la malformación del feto como supuesto.

La semana pasada se dio a conocer la intención del Gobierno de excluir a lesbianas y mujeres solteras de los planes públicos de fertilidad, es decir, que solo se pudieran aprovechar de los tratamientos de reproducción asistida las mujeres con pareja masculina estable en la que uno de los dos sufriera infertilidad. Más allá de la carga ideológica de esta medida, en la que se vuelve a vislumbrar la idea del Partido Popular de familia patriarcal como modelo único, cabe destacar la gran hipocresía que nutre al Gobierno de España, ya que la Secretaria General del partido que hoy nos gobierna, María Dolores de Cospedal, fue madre soltera gracias a estos planes públicos de fertilidad.

Y hoy se ha dado a conocer la gota que colma el vaso de la incedencia: solo los casos que requieran una hospitalización de al menos 24 horas contarán como malos tratos para realizar las estadísticas estatales de violencia machista. Por supuesto, el Gobierno enfatiza que se trata solo de un baremo para realizar las estadísticas, obviando que las estadísticas son el motor en que se basa la distribución del gasto público y la presión legislativa. Ante el revuelo desatado por esta posible medida, Ana Mato se ha apresurado a declarar que estudiará ampliar la estadística a las heridas por violencia machista, intentando lavar la imagen de un muy deteriorado Partido Popular.

No termino de entender las cortinas de humo que echa sobre sí el Gobierno, pues retirar el foco de atención que se cierne sobre la posible comparecencia de Rajoy en el Congreso a propósito del caso Bárcenas para colocarlo sobre la marcada ideología machista del Partido Popular, es de forma excepcional contraproducente. Lo que más inconcebible me parecería es que, tras esta nefasta legislatura, las urnas del PP pudieran aún nutrirse del voto femenino.