Imagine que su hermano le envía por correo un tratamiento homeopático para su mielitis idiopática (una lesión de la médula espinal).
Imagine que la Vigilancia Aduanera, por un error o por pura incompetencia, confunde la sustancia homeopática con heroína y le detiene por "tráfico de drogas y contrabando".
Imagine que, después de que el juez alegue que eso es heroína "porque de ser homeopatía podría adquirirlo en España", le dejen en libertad con cargos y sin pasaporte después de varias horas en el calabozo.
Imagine que, debido a no tener pasaporte, pierda un viaje a Uruguay para ver a su familia.
Imagine que la prensa de la región airee, gracias a las fuentes policiales, que "se interceptan 220 gramos de heroína camuflada en medicamentos homeopáticos".
Imagine que la familia de su cónyuge, sin consultar con su propia opinión, decida hacerle el vacío debido a las noticias de la prensa.
Imagine que los resultados toxicológicos se demoren más de 3 meses para acabar corroborarndo una ausencia total de heroína en sus pertenencias. Es decir, imagine el tiempo total que está usted sin su tratamiento para la mielitis idiopática (una afección que le dificulta el caminar).
Imagine que tres años después aún no ha conseguido que la policía borre su ficha de pseudo delincuente.
Imagine que tres años después de este calvario aún necesita de tratamiento psicológico.
Imagine que la única respuesta que obtiene del responsable de tamaño error sea "eso te pasa por traer medicación de Uruguay".
Imagine que el Consejo General de Poder Judicial desestime su solicitud de reparación por el daño sufrido.
Ahora, imagine que vive usted en una democracia consolidada, en un Estado de Derecho, ¿le parecería posible que estos hechos fueran veraces? ¿Cree admisible que la única solución ante tal afrenta sea inculparle a usted mismo por importar medicamentos? Parece ser que sí, que si usted es víctima de un error policial nadie ha de responsabilizarse, parece que los cuerpos de seguridad del Estado gozan de una inmunidad que, por cierto, no está recogida en la Constitución. Estado de Derecho inconstitucional, extraño país en el que vivimos.
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