jueves, 7 de noviembre de 2013

El supuesto viraje del PSOE a la izquierda

Miguel Sebastián, quien fuera ministro de Industria socialista en la segunda legislatura de Zapatero, ha firmado un manifiesto en el que militantes y simpatizantes del PSOE muestran su "preocupación" por el movimiento hacia la izquierda que ha dado el discurso del PSOE. En el citado manifiesto, las decenas de refrendarios muestran su preocupación por este cambio de rumbo ideológico, ya que la focalización en la búsqueda del voto podría dificultar el retorno de los socialistas al Gobierno.

Antes de comenzar cualquier tipo de reflexión, conviene recordar lo que la RAE entiende por socialismo: "sistema de organización social y económico basado en la propiedad y administración colectiva o estatal de los medios de producción y en la regulación por el Estado de las actividades económicas y sociales, y la distribución de los bienes". Conviene recordar, también, que esta definición debiera estar implícita en la definición ideológica del PSOE, ya que es su propio nombre el que contiene la palabra "socialista". 

A partir de la definición, y sin obviar que el propio PSOE no ha hecho ni caso de ella (en este hay que aludir a que Felipe González fue quien propició la gran ola privatizadora de los ´90, posteriormente desarrollada por José Mª Aznar, lo cual es totalmente opuesto a "la propiedad y organización colectiva y estatal de los medios de producción"), habría que detenerse en un par de puntos claves de este manifiesto.

En primer lugar, la proclama comienza tratando el error que supone "recuperar ciertas raíces de izquierda en lo económico, una especie de vuelta a las esencias". Pues bien, es conveniente aclarar que es la esencia misma del manifiesto la que quiere volver a los orígenes socialistas, en tanto que el propósito del mismo es convencer a los dirigentes del partido de que no han de radicalizarse si quieren volver a gobernar. Esta aspiración podría resumirse en una sola palabra: oportunismo.

Oportunismo porque más allá de que un partido político debería ser un centro ideológico de debate y alternativas, se está concibiendo al partido meramente como el medio para alcanzar el poder. Oportunismo porque se evidencia la falta de consenso ideológico y se apunta, exclusivamente, a virar el discurso en función de las percepciones del electorado. Oportunismo porque un partido que no tiene un programa político definido ni en su propio seno, no debería ni plantearse como alternativa de Gobierno. Oportunismo, al fin y al cabo, como lleva haciendo a lo largo de toda su historia:
- Oportunismo fue que el Partido Socialista Obrero Español colaborase con la dictadura de Primo de Rivera (fue el único partido que se movió dentro de la legalidad del Régimen, con la evidente aquiescencia de dirigentes históricos como Andrés Saborit y Francisco Largo Caballero).
- Oportunismo fue que en el momento del Golpe de Estado que acabaría llevando a Francisco Franco al poder, el PSOE decidiera esperar al desarrollo de los acontecimientos, en lugar de incluirse en un bloque de izquierdas -el Frente Popular- para combatir a los sublevados.
- Oportunismo fue la proposición que Felipe González hizo al Rey tras la sesión de investidura fallida de Calvo Sotelo: que se proclamase al PSOE partido de Gobierno y al propio Felipe González presidente sin pasar antes por las urnas. Afortunadamente, Juan Carlos I no concibió esta alternativa tan poco democrática en una democracia que aún se estaba construyendo.
- Oportunismo fue que Felipe González ganase unas elecciones con la promesa de que los españoles eligiesen la entrada o no del Estado en la OTAN, y que una vez alcanzada la victoria, la población hubiera de conformarse con un referéndum no vinculante.
- Oportunismo fue -como ya se ha citado anteriormente-, llevar en el holograma del partido el puño socialista pero comenzar la ola privatizadora de la década de 1990.
- Oportunismo fue que José Luis Rodríguez Zapatero, que supuestamente era "el hombre del talante", solo consiguiera ponerse de acuerdo con el partido en la oposición para constitucionalizar un techo a la deuda pública, es decir, para cercenar la única vía que garantiza las prestaciones SOCIALES.

En segundo lugar, y una vez que se ha intentado definir el descarado oportunismo del manifiesto (que enraiza a la perfección con la perspectiva histórica de oportunismo socialista), habría que detenerse en una frase que resulta insultante, onerosa, procaz e insolente: "España necesita acometer una ambiciosa agenda de reformas en nuestro tejido económico y social".

Lo primero que llama la atención respecto a esta afirmación es el sujeto que la enuncia: miembros y simpatizantes de un partido que ha gobernado España durante 21 de los  últimos 35 años de historia. Es decir, que durante el 60% del periodo democrático el PSOE no ha conseguido realizar "la ambiciosa agenda de reformas en nuestro tejido económico y social". Teniendo en cuenta que el partido dejó el gobierno hace dos años, es decir, que su poder es relativamente reciente, eso de que aún exista una ambiciosa agenda de reformas demuestra, ante todo, la incompetencia que mantienen los socialistas en el Gobierno. Además, eso de hablar del tejido económico y social, sin tener en cuenta el tejido institucional (que sin lugar a dudas es la asignatura pendiente del Partido Socialista) deviene, por enésima vez, en el oportunismo.

No hay duda que uno de los mayores problemas que adolece nuestro Estado actualmente es la corrupción política: más de 800 cargos públicos y políticos imputados en 2012, encuadrados en un sistema que es incapaz de poner fin a tal escándalo. ¿Y quién es el máximo responsable de que nuestro sistema no sea capaz de cesar a los políticos corruptos? La respuesta, por su obviedad, hace que esta pregunta se convierta en retórica.

Cuando Francisco Franco ganó la Guerra Civil Española, dispuso de 40 años para convertir la Administración en una gigantesca red clientelar legitimada por las leyes del Régimen. Cuando el Generalísimo murió, Adolfo Suárez -en sus 5 años de gobierno- concentró sus esfuerzos en democratizar el Estado, hacer pacífica una Transición política en un escenario de terrorismo extremo, legalizar los derechos y libertades inherentes a los sistemas democráticos y normalizar la pluralidad política. Posteriormente, Felipe González -en sus 14 años de gobierno- concentró sus esfuerzos en dar viabilidad al proyecto autonómico, relajar las tensiones entre clases sociales, luchar contra el terrorismo de ETA, universalizar las prestaciones sociales e impulsar el mercado laboral. Sin entrar en valorar el éxito o fracaso que supusieron tales esfuerzos, cabe destacar que 14 años no fueron suficientes para modernizar la Administración según las exigencias que la actualidad requiere. Evidentemente, José Mª Aznar, presidente de un partido en el que se reunían los herederos del sistema franquista, no estaba por la labor de cambiar las Administración clientelar que había forjado su anterior generación; y Zapatero, más que modernizar las instituciones, se conformó con informatizarlas.

Así pues, llegamos al punto en el que nos encontramos actualmente. Para destacar la infructuosidad que define a las instituciones públicas españolas y la politización de la Administración pública, solo cabe mencionar (aparte de la salvaje corrupción que se desarrolla con la aquiescencia del Gobierno y del Sistema), que nuestro actual régimen político permite, por ejemplo, que el Gobierno Vasco pase de 102 asesores en la época peneuvista a casi 400 en la época socialista (Colino, 2012, p. 154); eso sí, sin que el PSOE se detenga a considerar que España necesita una "ambiciosa agenda de reformas en nuestro tejido institucional".

miércoles, 7 de agosto de 2013

Bajarnos el suelo por encima de nuestras posibilidades

Durante los últimos años se ha oído hablar mucho sobre la desintegración de la Unión Europea, o al menos sobre la escisión de alguno de sus miembros (especialmente aquellos  donde  la crisis está calando más fieramente), lo que se ha transformado en un sentimiento antieuropeísta ascendente que varios partidos están materializando. Para los defensores de la Europa Unida, la cohesión interestatal significa estabilidad; para los detractores significa precariedad, pérdida de soberanía y beneficios únicamente para los países más ricos.

Los organismos que se encargan del funcionamiento económico de  los 27 son el Banco Central Europeo (BCE), la Comisión Europea  y el Fondo Monetario Internacional (FMI), cuya coalición se conoce coloquialmente con el nombre de "la Troika". Esta terna se ha ganado la animadversión de una parte considerable de la población mediterránea, debido a sus exigencias de rigurosos ajustes presupuestarios que están afectando con dureza a los países del sur europeo -aun cuando la historia ha demostrado que la forma más óptima para salir de las recesiones es la inversión-. Sin embargo, el debate austeridad-gasto público no es el motivo que a este artículo compete, sino las últimas "sugerencias" que los miembros de la troika reivindican para España.

La semana pasada, el FMI recomendó al Gobierno de Mariano Rajoy una reducción de los salarios españoles del 10%, con la excusa de aumentar la competitividad y aumentar la contratación. Tras numerosas críticas respecto a la petición y, por supuesto, el silencio del Ejecutivo, ayer Bruselas avaló la propuesta respaldando al organismo que dirige Christine Lagarde. Ante tal insistencia, ha llegado el momento de plantearse algunas cuestiones:

1. ¿Cuáles son los intereses reales del Fondo Monetario Internacional? Para no remontarnos demasiado en el tiempo, voy a hacer un pequeño recorrido por los últimos tres directores de este organismo tan reputado:
- Rodrigo Rato, director gerente del FMI del 7 de junio de 2004 al 1 de noviembre de 2011. Además de militar en un partido político (fue Ministro de Economía y Vicepresidente en la época Aznar), ha coqueteado con la banca privada (siendo Consejero Asesor Internacional del Banco Santander y presidente de Bankia) y con la empresa privada (incorporándose en enero de 2013 al Consejo de Asesores de Telefónica Latam y Telefónica Europe). Actualmente está imputado por presuntos delitos de falsificación de cuentas, administración desleal y apropiación indebida, entre otros.
- Dominique Strauss-Kahn, director gerente del FMI del 1 de noviembre de 2007 al 19 de mayo de 2011. Además de militar en un partido político (se hablaba de él para presentarse a las elecciones francesas de 2012 por el Partido Socialista en lugar de François Hollande, pero la agresión sexual a una camarera de hotel en Nueva York cercenó las expectativas), ha impartido clases en importantes escuelas y universidades, como Stanford y la Universidad de París. Actualmente está imputado por presunto delito de proxenetismo.
- Christine Lagarde, directora gerente del FMI desde el 5 de julio de 2011 hasta la actualidad (entre Strauss-Kahn y ella hubo un vacío de poder debido al repentino cese de su predecesor, a causa del anteriormente citado escándalo sexual). Además de militar en un partido político (fue Ministra de Economía con Sarkozy), es una experta en derecho laboral en el marco europeo, como así lo demuestra su trayectoria en la firma de abogados Baker & McKenzie. Actualmente se ha visto involucrada en el escándalo Tapie como "testigo asistido", una figura penal a mitad de camino entre la imputación y la mera testificación. La Fiscalía acusó a Lagarde de "complicidad en falsedad de documento público y malversación de fondos públicos".

2. Christine Lagarde se subió el sueldo un 11% nada más llegar al Fondo Monetario Internacional, para así poder cobrar la jugosa suma de 380.000 euros anuales (lo que supone más de 31.000 euros al mes).

3. Durao Barroso, presidente de la Comisión Europea, cobra unos 30.500 euros al mes, y un vicepresidente del Ejecutivo percibe unos 27.000 (como es el caso del Vicepresidente económico, Olli Rehn). El resto de comisarios disfrutan de un salario mensual de unos 25.000 euros, aunque Bruselas se niega a dar los datos exactos tanto de salarios como de perceptores. Además, los comisarios reciben casi 100.000 euros anuales durante las tres temporadas posteriores a su abandono del cargo.

4. El sueldo de la canciller alemana, Angela Merkel, es de 16.000 euros mensuales. A principios de 2013 se produjo una ola de indignación en Alemania al salir a la luz un informe que aseveraba que más de 4.000 funcionarios de Bruselas perciben un salario superior a ella.

5. Según un estudio reciente desarrollado por los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), el 63% de los trabajadores españoles percibe un salario bruto menor a los 1.100 euros mensuales.

Así pues, para algunos las peticiones del FMI y de Bruselas de reducir la mensualidad de los españoles en un 10% podrían resultar lógicas; sin embargo, teniendo en cuenta que ahora nos cobran por determinadas parcelas sanitarias, que la opción a becas se ha reducido drásticamente, que la precarización laboral es un hecho. que nos han subido el IVA y el IRPF, que el precio de la gasolina es insostenible y que, en definitiva, nos quieren cobrar hasta por los rayos del sol (autoabastecerse de energía solar conllevará tasas), me da la impresión de que el FMI y la Comisión Europea se están equivocando -conscientemente- a la hora de apuntar con la tijera.

miércoles, 24 de julio de 2013

Politizar la tragedia

Hace unas 18 horas de la tragedia: un Alvia dirección Madrid-Ferrol descarriló a la altura de Santiago de Compostela.
218 pasajeros.
Al menos 78 muertos.
Al menos 130 heridos.
De momento.


Si los bomberos de Veicar desconvocan una huelga indefinida para colaborar en el siniestro, es política. 

Si los médicos desempleados se acercan a los hospitales para ayudar de forma voluntaria, es política.


Si la Dirección General de Empleo sentencia que los conductores de tren percibirán determinadas primas en función de su puntualidad, que el tren siniestrado fuese con 5 minutos de retraso y el motivo del descarrilamiento fuera un exceso de velocidad, podría ser política.


Si la Moncloa no se molesta en crear una nota de prensa frente a la catástrofe, sino que hace un copia-pega del comunicado de condolencias por el terremoto de Gansu, es política.

Si el diario ABC se refiere a la tragedia de Santiago como un "atentado", es política.

Si un tren descarrila en España y "ETA" se convierte en Trending Topic de Twitter, es política.

Si TVE emite imágenes de un accidente de tren de 2003 como si fuesen imágenes de la tragedia de Santiago, es política.

Si el seguimiento de la cadena de televisión pública, así como de las cadenas privadas más importantes (Tele5, Antena3, Cuatro y LaSexta), no se produce hasta tres horas después del accidente, es política.

Si durante la última parte de la cobertura del accidente en TVE la información se centra en vanagloriar la oferta que Ana Botella ha hecho de las reservas sanguíneas madrileñas para ayudar en las transfusiones, es política.

Si Renfe, la empresa pública de ferrocarriles en España, en su página web no muestra las condolencias hacia víctimas y familiares, es política.

Si Rajoy no admite preguntas tras su rueda de prensa por el accidente, seguirá siendo política.


Hablar de política a propósito de una tragedia no significa trivializar la tragedia, ni que las condolencias sean menores, ni que esté ausente el respeto a las víctimas y familiares. Simplemente es un prisma diferente con el que observar la realidad, una forma de denunciar sus vicios y criticar sus deficiencias, pero no por ello es más inhumano. 

Buscar los porqués políticos no significa politizar la tragedia, ya que si hay respeto a las víctimas y éstas no son utilizadas con fines partidistas, buscar el porqué político significa buscar el porqué real (debido a que lo político se refiere a "orientaciones o directrices que rigen la actuación de una persona o entidad en un asunto o campo determinado", según la RAE).

Hay quien canaliza el dolor llorando, hay quien canaliza el dolor rezando, y hay quien canaliza el dolor buscando respuestas y denunciando actitudes oprobiosas. Nada es mejor ni peor, y nada es censurable. Simplemente son diferentes modos de ver las cosas.
Por cierto, decir que no hay que politizar las tragedias, también es hacer política.


lunes, 22 de julio de 2013

De Partido Popular a Partido Machista

A principios de 2012, la actual ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (ésa que gasta miles de euros en confeti y lleva de vacaciones a sus hijos con dinero corrupto) levantó un revuelo en las redes sociales porque, ante una muerte provocada por violencia machista, evitó este uso del lenguaje para aseverar que la muerte había sido provocada por "violencia en el entorno familiar". El empleo de este término denota dos características importantes:
1. Se obvia la particularidad de machismo sobre la violencia, lo que empobrece la definición al privarla de su singularidad más importante.
2. Se reduce la violencia al ámbito familiar, lo que podría inferir a la exclusión de machismo en actos violentos que no se encuadren en un estricto ámbito familiar tradicional -según es concebido por el PP-.

Tiempo después se produjo otro atentado contra la mujer: el anteproyecto de ley del aborto (aún no presentado ante el Congreso por falta de acuerdo entre los propios miembros del Partido Popular). En él, se recuperaría la ley de despenalización de supuestos con unas características similares a la ley de 1985. Gallardón cree que una mujer puede abortar si el embarazo es producto de una violación o si el embarazo pudiera producir daños psicológicos a la madre, pero descarta la malformación del feto como supuesto despenalizado. Al mismo tiempo, Gallardón pertenece a un gobierno que ha asestado duros golpes a la ley de dependencia, dejando prácticamente sin recursos a los beneficiarios de la misma al recortar la práctica totalidad del presupuesto. Es decir, el Gobierno del Partido Popular cree que abortar un feto malformado es discriminación -en palabras del Ministro de Justicia-, pero no considera discriminación al eliminar las ayudas a la dependencia -de las que se nutren multitud de madres de hijos malformados para sacar adelante a su familia-.

Por otro lado, Gallardón quiere eliminar la decisión propia de abortar a las menores de 16 y 17 años; es decir, que el aborto solo podría producirse bajo el consentimiento de los padres. Nos encontramos ante una clara postura ideológica en la que, bajo la excusa de la lógica, Gallardón pretende imponer el modelo de familia patriarcal en el que las decisiones son tomadas unidireccional y unipersonalmente. A los hechos anteriormente citados hay que añadir que:
1. El grupo de "expertos" que está asesorando a Gallardón para elaborar la nueva ley del aborto es secreto, es decir, el Partido Popular no quiere dar los nombres y apellidos de estos expertos. Según el PSOE, uno de los "expertos" sería el buque insignia de la aconfesionalidad estatal en España: el presidente de la Conferencia Episcopal Antonio María Rouco Varela.
2. El Gobierno habla de escuchar a todas las voces para elaborar la nueva ley, pero no ha prestado atención a un grupo de más de 300 ginecólogos que firmaron una carta en contra de la eliminación de la malformación del feto como supuesto.

La semana pasada se dio a conocer la intención del Gobierno de excluir a lesbianas y mujeres solteras de los planes públicos de fertilidad, es decir, que solo se pudieran aprovechar de los tratamientos de reproducción asistida las mujeres con pareja masculina estable en la que uno de los dos sufriera infertilidad. Más allá de la carga ideológica de esta medida, en la que se vuelve a vislumbrar la idea del Partido Popular de familia patriarcal como modelo único, cabe destacar la gran hipocresía que nutre al Gobierno de España, ya que la Secretaria General del partido que hoy nos gobierna, María Dolores de Cospedal, fue madre soltera gracias a estos planes públicos de fertilidad.

Y hoy se ha dado a conocer la gota que colma el vaso de la incedencia: solo los casos que requieran una hospitalización de al menos 24 horas contarán como malos tratos para realizar las estadísticas estatales de violencia machista. Por supuesto, el Gobierno enfatiza que se trata solo de un baremo para realizar las estadísticas, obviando que las estadísticas son el motor en que se basa la distribución del gasto público y la presión legislativa. Ante el revuelo desatado por esta posible medida, Ana Mato se ha apresurado a declarar que estudiará ampliar la estadística a las heridas por violencia machista, intentando lavar la imagen de un muy deteriorado Partido Popular.

No termino de entender las cortinas de humo que echa sobre sí el Gobierno, pues retirar el foco de atención que se cierne sobre la posible comparecencia de Rajoy en el Congreso a propósito del caso Bárcenas para colocarlo sobre la marcada ideología machista del Partido Popular, es de forma excepcional contraproducente. Lo que más inconcebible me parecería es que, tras esta nefasta legislatura, las urnas del PP pudieran aún nutrirse del voto femenino.


lunes, 8 de julio de 2013

Machismo deportivo a gran y pequeña escala

Desde que llegó la crisis se habla de la generación perdida, de los sueños rotos de miles de jóvenes que estudiaron pensando en tener un futuro mejor. No sentimos estafados, cercenados, decepcionados y limitados, y estos sentimientos se pueden extrapolar a otro sector de la sociedad al que también se miente a diario: las mujeres. Nos hacen creer en la igualdad, en la equidad, en la superación del machismo institucional que no hace tanto caracterizaba nuestro país; y, sin embargo, la ecuanimidad entre hombres y mujeres no es más que un castillo en el aire, una vana ilusión que se destruye a cada paso que damos.

Pudiera disertar sobre la discriminación sexual en el ámbito del hogar, en las empresas, en los puestos directivos, en los salarios, en la política... Pero no, hoy la reflexión versa sobre algo que pasa quizás más inadvertido, pero es desde luego un atropello a la dignidad de las mujeres: el mundo del deporte.

La semana pasada comenzó con un hecho que me pareció increíblemente inverosímil: las portadas de los periódicos deportivos ilustraban a todo color la derrota de la Selección española ante Brasil en la Copa Confederaciones. Este hecho podría ser lógico en otro momento, pero la razón de su incoherencia es que el domingo no sólo se perdió la final de la Copa Confederaciones, sino que la Selección española de Baloncesto ganó a Francia la final del Eurobasket femenino. Marca, As, Mundo Deportivo y Súper Deporte dedicaron un pequeño titular a la victoria de nuestras campeonas; Sport ni siquiera lo mencionó en portada. Es decir, que la prensa de nuestro país otorga más notoriedad a perder un campeonato (masculino) de tercera categoría que a la victoria de la competición más importante del baloncesto (femenino) en Europa.

La mayor tristeza que puede cristalizar este hecho periodístico es que hayamos normalizado la gran diferencia que existe entre el deporte de mujeres y el deporte de hombres, pero al no tratarse del mismo deporte, hasta cierto punto podría entenderse la desigual significación que se le otorgó a los dos torneos. Sin embargo, la semana pasada llegó a mí otra noticia -de mucha menor envergadura- que me hizo repudiar hasta el extenuamiento la masculinización del mundo del deporte: la desaparición de la categoría femenina senior del club de fútbol Santa María Caridad.

El S. M. Caridad es un club pequeño, de barrio, en el que la gente se apunta para estar en forma, para aprender a jugar al fútbol y para pasar un buen rato los domingos. Es un club que, por lo que tengo entendido, está atravesando dificultades económicas, hecho que le ha obligado a prescindir de una de las categorías. Es un club que duplica la categoría masculina juvenil, que duplica la categoría masculina cadete, que duplica la categoría masculina infantil y que duplica la categoría masculina alevín. Es decir, el S. M. Caridad es un club que tiene 12 categorías masculinas (dos juveniles, dos cadetes, dos infantiles, dos alevines, una benjamín, una prebenjamín, una chupetín y una aficionado) y 2 categorías femeninas (sub 13 y senior), y a la hora de prescindir de una de ellas, ha decidido hacerlo con la femenina senior. Y lo peor no es este claro ataque al fútbol femenino por parte del club, lo peor es la bochornosa actitud que tomó la directiva a la hora de comunicar esta noticia a sus jugadoras: no transmitiéndoselo, sino enviando al entrenador a hacer el trabajo sucio.

El S. M. Caridad es un club en el que sus miembros pagan cuotas por jugar al fútbol, pero la decisión de acabar con la categoría femenina senior se tomó de forma absolutamente vertical, sin opción a réplica. Se aducieron causas económicas pero no se dieron alternativas, no se planteó a las jugadoras una subida de las cuotas, no se buscaron opciones para intentar mantener el equipo de mujeres, en este club deportivo no se hizo nada para intentar salvar al deporte, sino que se optó por la vía fácil y rápida: aniquilar el deporte femenino.

La honorabilidad de un club deportivo no deviene de los títulos que obtenga, ni de los campeonatos que gane, ni de la calidad de sus deportistas. Con los títulos se consigue jerarquía, pero no admiración. La dignidad de un club deportivo se demuestra a través de su compromiso con el deporte, de su responsabilidad para con sus miembros, de su trato digno hacia TODOS sus deportistas y, obviamente, hacia TODAS sus deportistas, de su identificación con valores como la igualdad, el esfuerzo y el respeto. La honorabilidad de un club deportivo no se demuestra ganando, sino apostando por el deporte, y es en este punto donde he de decir que el Santa María Caridad no sólo no es venerable, sino que a través de la afrenta que ha realizado hacia sus féminas, podría calificarse de indigno.

martes, 2 de julio de 2013

La eterna necesidad del enemigo común

A principios de la semana pasada leí que Arantza Quiroga, la líder del PP en País Vasco, pretende "condicionar desde dentro" el plan de paz para Euzkadi, y con estas palabras lo que quería decir realmente es que no se va a avanzar en el proceso de paz mientras ETA no acepte incondicionalmente las propuestas del Gobierno. 

Un par de semanas antes había dicho el PNV que ETA debería entregar las armas al pueblo vasco en un "acto simbólico de nunca más", pero en la prensa de Madrid (El País, El Mundo, La Razón, ABC...) las palabras "acto simbólico de nunca más" no aparecieron, sino que la noticia rezaba algo así como que el PNV pedía que ETA entregase las armas al Parlamento Vasco. Y esta semana TVE ha atribuido los atentados del 11-M a la banda terrorista ETA, sin mencionar la autoría de grupos yihadistas.

Desde que ETA anunciase el cese definitivo de la violencia y, semanas después, el Partido Popular se hiciera con el Gobierno de España, los pasos dados en el camino hacia la paz y la convivencia han sido más bien exiguos. Nos encontramos ante una situación en la que la ciudadanía anhela normalizar una realidad, los exterroristas quieren abrir el paso hacia la negociación política y, en su empeño por mostrar un enemigo común para así disimular sus propias carencias, el Gobierno eterniza un proceso que no llega. 

Independientemente de las razones argüidas por el Partido Popular para mantener sus fantasmas sobre la incertidumbre del proceso de paz, el primer paso que ha de darse para culminar una transición democrática es la entrega de las armas, y desde enero está esperando ETA a que el Gobierno le diga cómo, pero parece ser que Rajoy tiene proyectos más importantes que avanzar en la armonía de Euskal Herria.

La única lectura lógica que se me ocurre de todo esto es que el PP pretende seguir alimentando fantasmas para desviar la atención de lo que realmente importa, es decir, el desmantelamiento del Estado de Bienestar en España y la privatización masiva de servicios públicos, así como la inoperancia ante la crisis y la inexistencia de alternativas factibles que ayuden a los ciudadanos a superar las vacas flacas. Supongo que la estrategia popular es engordar el imaginario de un malo malísimo que lucha contra España para así potenciar el patriotismo equívoco de unidad centralista.

Desde luego, la libertad de expresión y de opinión es una máxima en los derechos humanos, y si los populares creen en la colaboración de ETA en los crímenes del 11-M, allá ellos. Lo realmente vergonzoso es que, después de un juicio con su correspondiente investigación y sentencia en firme en que se desvincula a esta banda terrorista de  los atentados, el ideario fascista del PP se plasme en la televisión pública hasta el punto de inculpar en exclusiva a ETA, sin citar siquiera a las organizaciones islámicas. Supongo que habrá gente que se lo crea, pero también existimos los que creemos que esto es un flagrante delito de abuso de autoridad, injurias, calumnias y, especialmente, televisivo terrorismo de Estado.

lunes, 10 de junio de 2013

Inmunidad policial

Imagine que su hermano le envía por correo un tratamiento homeopático para su mielitis idiopática (una lesión de la médula espinal).
Imagine que la Vigilancia Aduanera, por un error o por pura incompetencia, confunde la sustancia homeopática con heroína y le detiene por "tráfico de drogas y contrabando".
Imagine que, después de que el juez alegue que eso es heroína "porque de ser homeopatía podría adquirirlo en España", le dejen en libertad con cargos y sin pasaporte después de varias horas en el calabozo.
Imagine que, debido a no tener pasaporte, pierda un viaje a Uruguay para ver a su familia.
Imagine que la prensa de la región airee, gracias a las fuentes policiales, que "se interceptan 220 gramos de heroína camuflada en medicamentos homeopáticos".
Imagine que la familia de su cónyuge, sin consultar con su propia opinión, decida hacerle el vacío debido a las noticias de la prensa.
Imagine que los resultados toxicológicos se demoren más de 3 meses para acabar corroborarndo una ausencia total de heroína en sus pertenencias. Es decir, imagine el tiempo total que está usted sin su tratamiento para la mielitis idiopática (una afección que le dificulta el caminar).
Imagine que tres años después aún no ha conseguido que la policía borre su ficha de pseudo delincuente.
Imagine que tres años después de este calvario aún necesita de tratamiento psicológico.
Imagine que la única respuesta que obtiene del responsable de tamaño error sea "eso te pasa por traer medicación de Uruguay".
Imagine que el Consejo General de Poder Judicial desestime su solicitud de reparación por el daño sufrido.

Ahora, imagine que vive usted en una democracia consolidada, en un Estado de Derecho, ¿le parecería posible que estos hechos fueran veraces? ¿Cree admisible que la única solución ante tal afrenta sea inculparle a usted mismo por importar medicamentos? Parece ser que sí, que si usted es víctima de un error policial nadie ha de responsabilizarse, parece que los cuerpos de seguridad del Estado gozan de una inmunidad que, por cierto, no está recogida en la Constitución. Estado de Derecho inconstitucional, extraño país en el que vivimos.