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martes, 30 de abril de 2013

Me duele España

Vivo en un país donde más del 50% de los jóvenes no han encontrado su primer empleo, donde casi el 30% de la gente que quiere trabajar no puede, y donde mucha gente que encuentra empleo lo hace en la economía sumergida (es decir, sin garantías sociales o sanitarias).

Vivo en un país donde el antiguo presidente de la patronal está imputado por chanchullear con sus empresas, donde el actual vicepresidente está siendo investigado por (presuntamente, siempre presuntamente) pagar a sus trabajadores en negro -es decir, al margen de la ley y de la Seguridad Social- y donde el actual presidente quiere limitar el derecho a huelga. Vivo en un país donde los trabajadores se quejan más de los sindicatos que de la patronal.

Vivo en un país que supuestamente es una democracia (donde la separación de poderes debería ser efectiva), pero la justicia está cada vez más politizada y los poderes ejecutivo y legislativo se deciden en una sola votación, por lo que danzan al unísono. Vivo en una democracia donde los ciudadanos pretenden hacer una reforma legislativa de una ley decimonónica y se encuentran con la oposición de la casta política. Vivo en una democracia donde se criminaliza al manifestante y se indulta al torturador. Vivo en un país que en 35 años de democracia ha realizado el mismo número de referendos que una dictadura de 40 años: dos.

Vivo en un país donde la responsabilidad política no existe, donde el partido del Gobierno ganó las elecciones gracias a unas promesas que no ha cumplido, donde hay diputados que pueden oprobiar a diferentes colectivos sociales y seguir disfrutando de su escaño, donde se puede estar imputado por malversación de caudales públicos y no renunciar al cargo.

Vivo en un país -aconfesional- en el que si critico las políticas que lleva a cabo el Gobierno me mandan a Cuba o a Corea, pero si viene el Jefe de Estado del Vaticano no sólo se permite que critique las políticas del Gobierno español, sino que le pagamos el viaje.

Vivo en un país donde las peleas de gallos son delito pero las corridas de toros son arte, donde el botellón está prohibido pero las romerías son patrimonio cultural, donde "habría que limitar el derecho de manifestación" pero se puede cortar la Castellana para celebrar la liga, donde abortar niños con discapacidad es discriminación (en palabras del Ministro de Justicia) pero reducir la ayuda a la dependencia no es discriminación.

Podría seguir describiendo mi país, pero me estoy entristeciendo. Lo único que quiero resaltar  son las palabras que un día pronunció Unamuno y hoy las siento como mías: me duele España. Me duele la indiferencia ciudadana ante la desvergüenza y los abusos políticos, empresariales y financieros. Me duele la desfachatez y el descaro con que se cometen esos abusos. Me duele la falta de consenso, el recurso del ataque y la excusa del oprobio. Me duele que valgan más los votos que los ciudadanos.

Ante todo, me duele el patriotismo equívoco: amar a tu país no es ensalzar lo que tienes, sino intentar mejorarlo. Amar a tu país no es centralizarlo, sino dar cabida a todos sus pueblos. Amar a tu país no es vanagloriar sus instituciones, sino trabajar para que sean eficaces y eficientes. Amar a tu país no es enaltecer una bandera o un himno, sino dar prioridad a las personas. No es más patriota el que más se define como tal, sino el que más hace por mejorar su país, y en este punto hay que admitir inexorablemente que en España hay mucho patriota de boquilla, o lo que en idioma del refranero español se resumiría: mucho lerele y poco larala.


viernes, 9 de marzo de 2012

La lucha contra los sindicatos mayoritarios

Hoy publican los periódicos que el fiscal de la Audiencia Nacional Miguel Ángel Carballo pide más de dos años de cárcel para Gerardo Díaz Ferrán, excopropietario del Grupo Marsans y presidente de la CEOE entre 2007 y 2010.


Estoy mirando Twitter y apenas hay nadie hablando del tema. ¿Alguien recuerda el revuelo que se formó dos días antes de la manifestación contra la reforma laboral del 19-F por el sindicalista de los 180.000 euros? Twitter estaba que ardía, se le tachó de indecente por ser consejero de Bankia, sirvió de excusa para que muchas personas que apoyaban la manifestación no acudieran -por estar convocada por CCOO y UGT- y se generó un amplio debate respecto a la legitimidad de los sindicatos y de la hipocresía que representan al cobrar esos sueldazos.


Es cuasi cómico que hoy nadie hable de Díaz Ferrán, y que con el fantasma de la huelga general el próximo 29 de marzo, todos recuerden -desde la izquierda y desde la derecha- a José Ricardo Martínez, el sindicalista de los 180.000 euros. Que un representante de la clase obrera perciba tal cantidad de dinero es la excusa perfecta para no tener que salir a la calle el domingo -en la manifestación contra la reforma laboral del 11 de marzo- y para no tener que plantar cara a los jefes en la huelga general, pero parece no escandalizar demasiado que un representante del empresariado español defraude 99 millones de euros a hacienda.


Los medios apenas publicaron que los 180.000 euros de José Ricardo Martínez se ingresan íntegramente a UGT, el sindicato al que pertenece, igual que apenas otorgan relevancia al hecho de que un exdirigente patronal -defensor de los derechos de los empresarios- se dedique a evadir impuestos. ¿Es ése el comportamiento que propugna la CEOE? ¿No os dais cuenta a partir de estos datos que lo que realmente hacen los medios es confrontarnos contra los sindicatos mayoritarios?


Creo que esta guerra mediática contra los sindicatos mayoritarios viene dirigida desde la derecha para deslegitimar la lucha obrera, y ni siquiera los trabajadores de a pie somos capaces de darnos cuenta de ello. En 2009 Cándido Méndez reconoció que su sueldo rondaba los 2.500 euros, así que el gran amante de los Rolex y aficionado de los restaurantes de lujo cobra  menos que cualquiera de los 350 diputados de la cámara baja, esos que luchan contra el absentismo laboral fieramente y siempre se encuentran prestos en su puesto de trabajo.


Desde luego, es indudable que ni los buenos son tan buenos, ni los malos son tan malos, pero hemos de hacer un esfuerzo por contrastar la avalancha informativa que recibimos y seleccionar las fuentes de las que fiarnos. Por ejemplo, cuando periódicos como La Razón, ABC o La Gaceta atacaron fieramente a los estudiantes valencianos, muchos pensamos que era una de sus múltiples tácticas para emborronar las disconformidades con el Gobierno. ¿A nadie se le ha ocurrido pensar que el imaginario común respecto a los sindicatos mayoritarios es fruto también de esas tácticas para restar importancia a los que luchan contra los abusos empresariales? Porque como dijo Goebbels -jefe de propaganda nazi-, "una mentira repetida mil veces se convierte en verdad", y quizás esa lucha anti sindical que tantos años llevan gestando determinados medios de comunicación consiguen que hasta los defensores de la lucha sindical se sumen al desconcierto respecto al qué pensar.


No olvidemos a quién le interesa que los trabajadores no apoyemos a los sindicatos, y no olvidemos quién posee los medios de comunicación, y después de hilar que los empresarios son los dueños de los medios de comunicación, no olvidemos que una mentira repetida mil veces sigue siendo una mentira.

miércoles, 11 de enero de 2012

Sindicación obligatoria, sindicación libre

Parece ser vox populi que los sindicatos hace años que no defienden los intereses de los trabajadores. Y es cierto, pero a medias. Difícil ha de ser intentar imponer condiciones cuando uno se encuentra maniatado. Si te encaras al PSOE, te reduce la subvención, y si te encaras al PP, tienes miedo a que te la suprima. ¿Cómo, pues, plantar cara a la CEOE? Ya que, para colmo, la patronal cuenta con el apoyo -directo  o indirecto- de los políticos, que suelen ser propietarios y/o directivos de un amplio abanico de empresas.


Mi propuesta es sencilla: sindicación libre pero obligatoria. Esto es: obligar al trabajador a afiliarse a un sindicato pero con absoluta libertad de elección. De esta forma se generaría competencia sindical, y el agente social que no represente al trabajador o no defienda de forma fehaciente sus intereses se cambia por otro, para así conseguir que los sindicatos mayoritarios sean los más eficientes.


Casi todos los empresarios acaban afiliados a la CEOE, porque saben sobradamente que es el único organismo que va a sacar las uñas para defender sus intereses. ¿Por qué no pasa lo mismo con los trabajadores? ¿Cómo es posible que CCOO, el sindicato con mayor número de afiliados, cuente tan sólo con 1,2 millones de adscritos cuando en España hay unos 25 millones de personas entre parados y ocupados? La respuesta es sencilla: los trabajadores no confían en la efectividad de los sindicatos. Lo preocupante es que no les falta parte de razón.


Con excusas como la crisis o la flexibilidad laboral estamos permitiendo que se recorten nuestros derechos, que se reduzcan nuestros sueldos, que se abuse con nuestros horarios u que, en definitiva, estemos trabajando más por menos. ¿Y por qué no protestamos? Porque a los sindicatos mayoritarios les falta valor para echarse a la calle y plantar cara al Gobierno. ¿Y por qué no le plantan cara al Gobierno? Porque viven de él, y sería de género tonto echar piedras contra el propio tejado.


Así pues, si la sindicación fuese obligatoria, y los sindicatos se mantuviesen gracias a las cuotas de afiliación y no a las subvenciones públicas, ni los sindicatos serían las meretrices del Gobierno, ni Rosell se creería el dueño de 25 millones de personas. En un mundo plenamente capitalista, lo único que no se guía por el neoliberalismo agresivo es la fuerza madre: el trabajo. ¿A nadie se le ha ocurrido pararse a pensar por qué?


Quizás mi propuesta es meramente capitalista, pues entramos en términos de competencia, oferta y demanda y efectividad, pero creo que ante todo es pragmática: debemos luchar por que no nos quiten lo que ya tenemos, y menos en estos tiempos en los que el Estado del Bienestar se tambalea sobre sí mismo, y en los que la precariedad laboral parecen llevar más a la gratitud que al enojo. Y si la solución en adentrarnos en el sistema para defendernos, pues adelante, porque a este paso la liquidación por despido improcedente será como dice Arturo Fernández Álvarez: 20 días anuales con tiempo máximo de un año. Y al irnos, previa patada en el trasero, daremos las gracias con amplia sonrisa.