- A Malala le dolía la educación. Estudiante paquistaní y activista de los derechos de la mujer, fue tiroteada por un talibán al tomar un autobús de camino a la escuela. Rozó la muerte, y ahora le espera una vida de futuro incierto.
- A Amanat le dolía su feminidad. Estudiante india, fue violada y torturada por seis hombres en un autobús de Nueva Delhi. Probablemente dé nombre a una ley que endurezca las penas para este tipo de crímenes, que por lo visto son demasiado comunes en India.
- A Asha le dolían las piedras. Adolescente somalí, fue violada por tres de los hombres más poderosos de su pueblo, y tras ser acusada de adulterio murió lapidada.
- A Nadia le dolía la entrepierna. Mujer yemení, sufrió esta terrible práctica milenaria para que cuando se comprometiera conyugalmente, evitase cualquier tentación de marcharse con otro hombre.
- A Sihle le dolía el orgullo. Joven sudafricana, fue atacada por cinco hombres en un suburbio Ciudad del Cabo que, tras aplicarle una "violación correctiva", le clavaron una lanza que la condujo a la muerte. El motivo: era lesbiana.
- A Virginia le dolía el currículum. Profesora estadounidense, fue nombrada directora de un programa para minorías en la Universidad de Indiana. Fue recomendada para el cargo por su antecesor, un varón que cobraba 5.000 dólares más de sueldo.
- Al Parlamento Europeo le dolía la paridad. En el año 2009, el total de escaños se repartía entre un 69% de varones y un 31% de mujeres.
- A Mercedes le dolía la vergüenza ajena. Víctima española Tras más de una década sufriendo los malos tratos de su exmarido, tuvo que soportar cómo el diputado Toni Cantó decía que la mayoría de las denuncias por violencia de género son falsas -y los fiscales no las persiguen-.
- A María le duele la conciliación familiar. Española de "clase media", cuando llega de trabajar ayuda a su hijo a hacer los deberes, pone lavadoras, hace la comida y limpia la casa. Tiene suerte porque su marido colabora con las tareas del hogar: a veces friega los platos.
¿Feliz Día Internacional de la Mujer?
Feliz Día Internacional del cinismo. Gracias
viernes, 8 de marzo de 2013
jueves, 10 de enero de 2013
¿Política o fútbol?
Recuerdo cuando empecé a navegar por la red social Twitter. Recuerdo cómo me escandalizaba ver el país patas arriba y que los llamados temas del momento girasen en torno al fútbol. Recuerdo la incomprensión que me despertaba ver cómo una falta de juego o un penalti no pitado desataban más iras que las políticas de desajuste, la limitación de derechos o la ampliación de deberes ciudadanos. Recuerdo cómo, también, había cosas del fútbol que no podía dejar pasar y hube de comentarlas, ante lo cual @Alvaro_Gut_Bo me hizo una inteligente pregunta: "¿Por qué criticas algo que después comentas?". Hace unos meses, mientras se disputaba la Eurocopa de fútbol, mi vecina Carmen también me decía no entender por qué alguien con tanta conciencia política se preocupaba tanto por ver jugar a la Selección española.
La supuesta incompatibilidad que parece existir entre el activismo político y la pasión por el fútbol parece extenderse más allá de mi caso personal, y más allá del momento actual: "Dadle pan y circo al pueblo para tenerlo entretenido" es una frase atribuida a emperadores romanos, de la que se extrae la conclusión de que, si los gobernantes llenan la barriga y ocupan el tiempo libre de los gobernados, la paz social está asegurada. Actualmente, se evitaría el anacronismo lingüístico cambiando "circo" por "fútbol", aunque, como dijo Shakespeare, "nada es verdad ni es mentira, todo depende del cristal con el que se mira".
Creo que el problema de esta disyuntiva resulta de extrapolar dos conceptos independientes, que no son incompatibles, para convertirlos en rivales. Ni una persona tiene convicciones más firmes porque no le guste el fútbol, ni un aficionado del fútbol tiene por qué estar alienado. La confrontación viene de donde vienen la mayoría de los problemas sociales: de la falta de empatía y de los fundamentalismos. Quien solo piensa en fútbol y no le interesa el panorama político, está faltando a su deber como ciudadano; quien solo piensa en política y no deja hueco al desahogo intelectual -ni para él, ni para el resto-, está incurriendo en un tipo de fascismo.
La gran problemática que conlleva el mundo del fútbol no radica en que levante pasiones, pues que exista algo en lo que personas de diferente signo consigan unirse le otorga cierta calidad de grandeza; lo mismo que ocurre con el tenis, la Fórmula 1 o el baloncesto. El gran problema del fútbol es su utilización como narcótico, su empleo como distracción, su adscripción como separador de gentes y su mala praxis como empresa. Respecto al resto, nadie debería entrometerse en lo bueno o malo que es quedar con los amigos para ver un partido, puesto que a lo mejor, antes de ese partido, hemos ejercido nuestros derechos ciudadanos asistiendo a una manifestación -o a lo mejor no-.
La conclusión a la que quiero llegar es que no hay confundir las peras con las manzanas. Lo realmente malo no es que Cristiano Ronaldo cobre 1 millón de euros al mes, es que cotice como una enfermera. Lo realmente malo no es que los clubes de fútbol muevan millones, sino que no paguen el IRPF de los fichajes. Lo realmente malo no es que los jugadores del Barça hablen en catalán, es que ese hecho se utilice para politizar un deporte. Lo realmente malo no es que Esperanza Aguirre haga declaraciones comprometidas sobre fútbol, sino que haga uso de esas declaraciones para desviar la atención sobre su incumplimiento del déficit. Lo realmente malo no es que en Twitter se hable de fútbol, sino que el fútbol movilice más que los recortes sociales. Lo realmente malo, en definitiva, no es que el fútbol levante pasiones, sino que esas pasiones adormezcan el resto de nuestros sentidos.
La supuesta incompatibilidad que parece existir entre el activismo político y la pasión por el fútbol parece extenderse más allá de mi caso personal, y más allá del momento actual: "Dadle pan y circo al pueblo para tenerlo entretenido" es una frase atribuida a emperadores romanos, de la que se extrae la conclusión de que, si los gobernantes llenan la barriga y ocupan el tiempo libre de los gobernados, la paz social está asegurada. Actualmente, se evitaría el anacronismo lingüístico cambiando "circo" por "fútbol", aunque, como dijo Shakespeare, "nada es verdad ni es mentira, todo depende del cristal con el que se mira".
Creo que el problema de esta disyuntiva resulta de extrapolar dos conceptos independientes, que no son incompatibles, para convertirlos en rivales. Ni una persona tiene convicciones más firmes porque no le guste el fútbol, ni un aficionado del fútbol tiene por qué estar alienado. La confrontación viene de donde vienen la mayoría de los problemas sociales: de la falta de empatía y de los fundamentalismos. Quien solo piensa en fútbol y no le interesa el panorama político, está faltando a su deber como ciudadano; quien solo piensa en política y no deja hueco al desahogo intelectual -ni para él, ni para el resto-, está incurriendo en un tipo de fascismo.
La gran problemática que conlleva el mundo del fútbol no radica en que levante pasiones, pues que exista algo en lo que personas de diferente signo consigan unirse le otorga cierta calidad de grandeza; lo mismo que ocurre con el tenis, la Fórmula 1 o el baloncesto. El gran problema del fútbol es su utilización como narcótico, su empleo como distracción, su adscripción como separador de gentes y su mala praxis como empresa. Respecto al resto, nadie debería entrometerse en lo bueno o malo que es quedar con los amigos para ver un partido, puesto que a lo mejor, antes de ese partido, hemos ejercido nuestros derechos ciudadanos asistiendo a una manifestación -o a lo mejor no-.
La conclusión a la que quiero llegar es que no hay confundir las peras con las manzanas. Lo realmente malo no es que Cristiano Ronaldo cobre 1 millón de euros al mes, es que cotice como una enfermera. Lo realmente malo no es que los clubes de fútbol muevan millones, sino que no paguen el IRPF de los fichajes. Lo realmente malo no es que los jugadores del Barça hablen en catalán, es que ese hecho se utilice para politizar un deporte. Lo realmente malo no es que Esperanza Aguirre haga declaraciones comprometidas sobre fútbol, sino que haga uso de esas declaraciones para desviar la atención sobre su incumplimiento del déficit. Lo realmente malo no es que en Twitter se hable de fútbol, sino que el fútbol movilice más que los recortes sociales. Lo realmente malo, en definitiva, no es que el fútbol levante pasiones, sino que esas pasiones adormezcan el resto de nuestros sentidos.
martes, 8 de enero de 2013
Nace el Partido X. El partido del futuro
Ha nacido una nueva iniciativa política con vistas a mejorar las relaciones de las instituciones con los ciudadanos: el Partido X, que trata de alejar la idea de diputado como chupóptero de la sociedad para acercarla a la de "empleado público electo para el bien común"; y cuyo programa político es claro: "democracia y punto".
El principio del partido es que los ciudadanos, mediante Iniciativas Legislativas Populares y referéndums vinculantes, vayan elaborando las leyes que han de regir el devenir de nuestros días. La idea es buena, demasiado aparatosa en lo que a burocracia se refiere, pero buena.
Asentado en cuatro pilares básicos: referéndum vinculante y obligatorio, WikiGobierno (elaboración de legislación participativa y transparente), derecho a voto real y permanente, y transparencia; el Partido X parece nacer con la máxima de eliminar la no-definición democrática que copa las reivindicaciones sociales: "lo llaman democracia y no lo es".
Teniendo en cuenta que en la supuesta democracia española se han realizado los mismos referendos que en la pasada dictadura o en la llamada Transición (es decir, dos por cada periodo), es plausible admitir que España de democrática tiene poco. Y teniendo en cuenta el malestar que genera el asentamiento oligarca de la clase política en entramados empresariales y relaciones más económicas que encauzadas a la consecución del bien común, quizás esta nueva propuesta hace atisbar algo de luz al final del túnel.
Hace año y medio, cuando el #15M revolucionó la conciencia social de España y a los que, en mayor o menor medida, nos vimos involucrados en el movimiento nos hizo replantear la necesidad de regeneración política de nuestro país, la consciencia de un hartazgo político bloqueó cualquier intento de crear una formación con vistas a introducirse en el Parlamento. Sin embargo, el común deseo de cambios pacíficos -que chocan con los ideales revolucionarios- y la inoperancia a la que el ciudadano medio se ve abocado, hacen obligatoria la creación de un partido político para llevar a cabo las reformas que tanto anhelamos.
La Historia demuestra que se puede cambiar el sistema desde dentro, poco a poco y sin fracturas traumáticas, por lo que la noticia de la creación de un nuevo partido encaminado a ello se me antoja oportuna y excelsa. Esperemos que este proyecto avance con las mismas buenas intenciones con que parece haber nacido, pues el camino será duro tanto por las trabas que ha de encontrar, como por la fragilidad de pensamiento que condena el atisbo de poder.
Os dejo el enlace de la página, para los curiosos que quieran darse una vuelta por esta utopía
http://partidodelfuturo.net/
El principio del partido es que los ciudadanos, mediante Iniciativas Legislativas Populares y referéndums vinculantes, vayan elaborando las leyes que han de regir el devenir de nuestros días. La idea es buena, demasiado aparatosa en lo que a burocracia se refiere, pero buena.
Asentado en cuatro pilares básicos: referéndum vinculante y obligatorio, WikiGobierno (elaboración de legislación participativa y transparente), derecho a voto real y permanente, y transparencia; el Partido X parece nacer con la máxima de eliminar la no-definición democrática que copa las reivindicaciones sociales: "lo llaman democracia y no lo es".
Teniendo en cuenta que en la supuesta democracia española se han realizado los mismos referendos que en la pasada dictadura o en la llamada Transición (es decir, dos por cada periodo), es plausible admitir que España de democrática tiene poco. Y teniendo en cuenta el malestar que genera el asentamiento oligarca de la clase política en entramados empresariales y relaciones más económicas que encauzadas a la consecución del bien común, quizás esta nueva propuesta hace atisbar algo de luz al final del túnel.
Hace año y medio, cuando el #15M revolucionó la conciencia social de España y a los que, en mayor o menor medida, nos vimos involucrados en el movimiento nos hizo replantear la necesidad de regeneración política de nuestro país, la consciencia de un hartazgo político bloqueó cualquier intento de crear una formación con vistas a introducirse en el Parlamento. Sin embargo, el común deseo de cambios pacíficos -que chocan con los ideales revolucionarios- y la inoperancia a la que el ciudadano medio se ve abocado, hacen obligatoria la creación de un partido político para llevar a cabo las reformas que tanto anhelamos.
La Historia demuestra que se puede cambiar el sistema desde dentro, poco a poco y sin fracturas traumáticas, por lo que la noticia de la creación de un nuevo partido encaminado a ello se me antoja oportuna y excelsa. Esperemos que este proyecto avance con las mismas buenas intenciones con que parece haber nacido, pues el camino será duro tanto por las trabas que ha de encontrar, como por la fragilidad de pensamiento que condena el atisbo de poder.
Os dejo el enlace de la página, para los curiosos que quieran darse una vuelta por esta utopía
http://partidodelfuturo.net/
viernes, 4 de enero de 2013
Tenemos Rato para rato
Cuando la desvergüenza no tiene límites, cuando los sentidos se adormecen, cuando las clases medias se alienan bajo el pretexto del miedo a un futuro peor, cuando la casta política es dueña y señora de la administración pública y la empresa privada a la vez, cuando la justicia es marioneta inoperante al servicio de los poderosos (ahora, los que tenemos recursos limitados no podremos acceder a ella), cuando la vejación del Estado del Bienestar se consuma argumentando su defensa, y cuando el escándalo político repercute únicamente en las portadas de los periódicos (y si acaso), nos encontramos ante un sistema anacrónico y moderno a la vez.
Son varias las veces que he escuchado la teoría de que, actualmente, asistimos a una auténtica revolución social, pero desde arriba. Son los políticos, banqueros y empresarios los que, con fervor, y con la excusa de una crisis que ellos mismos crearon, defienden unos cambios institucionales cuyo fin último es la legitimación y persistencia del modelo económico actual. Y les estamos dejando.
No voy a adentrarme en batallas doctrinales sobre algo de lo que ya advirtió Karl Marx hace siglo y medio: "El capitalismo cava su propia tumba". El modelo económico está, ciertamente, en vías de extinción, y la variación a la que estamos asistiendo es una regresión temporal al Antiguo Régimen, traducida en la optimización de beneficios empresariales (¡y personales!) a través de precarización laboral, disminución de salarios y crecimiento de una idea difusa que en la realidad tiene multitud de nombres y apellidos: exclusión social de los más débiles.
Simplemente voy a hacer una observación que en realidad no considero ni siquiera política, sino que la estimo encuadrada en el sentido común: ¿por qué seguimos permitiendo que los políticos, tecnócratas, banqueros y empresarios siempre lo dejen todo "atado y bien atado"? ¿Qué hace falta para hagamos efectiva la máxima democrática (gobierno para el pueblo)?
Como una piedra me ha dejado la gran noticia de hoy: Rodrigo Rato ha fichado como consejero asesor para Telefónica en Europa y Latinoamérica. ¡Rodrigo Rato! El mismo que presidía Bankia cuando tuvo que ser intervenida por el Estado Español con más de 23.500 millones de euros, el mismo que meses antes había dicho que el beneficio de la entidad era de aproximadamente 300 millones de euros, el mismo que, casualmente, era Vicepresidente segundo del Gobierno de Aznar y ministro de Economía y Hacienda cuando Telefónica se privatizó...
Lo de dejarlo todo "atado y bien atado" es una expresión que se atribuye al Generalísimo, relativa a los deseos continuistas de Franco cuando veía al encapuchado de la hoz acercarse. En principio, nos han hecho creer que la dictadura es pasado, que no todo se "ató y bien ató" y que vivimos en una democracia madura. Sin embargo, la Transición Española comienza su andadura por trigésimo octavo año consecutivo. Al régimen de Franco le ha pasado lo que le pasa a la energía: ni se crea ni se destruye, se transforma.
La misma oligarquía caciquil que gobernaba en España durante la Restauración Canovista, que se adaptó a la dictadura de Primo de Rivera, que se molestó con la II República y se alzó en su contra provocando una Guerra Civil, es la misma oligarquía caciquil que gobierna España en pleno siglo XXI. Podrá tener diferente rostro, pero eso se debe exclusivamente a que ahora son sus hijos y nietos los que gobiernan (unos se hacen estatuas en aeropuertos fantasmas, otros les dicen a los parados "que se jodan", y en esas estamos). Ahora son los herederos de la podredumbre política larvada a lo largo de siglos los que, en aras de la libertad -económica- y como "grandes demócratas" nos siguen dando lecciones sobre quién manda aquí, y sobre cuál es nuestro sitio.
Rodrigo Rato, uno de los máximos artífices de la privatización de Telefónica (o, al menos, uno de los máximos testigos) ficha por la multinacional cuando, casualmente, su imagen pública está más que deteriorada, y cuando su labor como gestor es más que cuestionable. Sin embargo, ahora dará "consejos" a la dirección de Telefónica en las regiones de Europa y América Latina.
Una de las características más representativas de la Restauración Canovista y de las dictaduras de Primo de Rivera y de Franco era el enchufismo desarrollado a través de los caciques por toda la geografía española, un amplio intercambio de favores políticos a cambio de favores económicos o de otra índole. Se ve que Rodrigo Rato debió hacer muchos amigos en Telefónica cuando era ministro de Economía y Hacienda. Se ve que Rodrigo Rato debió hacer muchos amigos cuando formaba parte del mismo Gobierno que privatizó Telefónica.
Son varias las veces que he escuchado la teoría de que, actualmente, asistimos a una auténtica revolución social, pero desde arriba. Son los políticos, banqueros y empresarios los que, con fervor, y con la excusa de una crisis que ellos mismos crearon, defienden unos cambios institucionales cuyo fin último es la legitimación y persistencia del modelo económico actual. Y les estamos dejando.
No voy a adentrarme en batallas doctrinales sobre algo de lo que ya advirtió Karl Marx hace siglo y medio: "El capitalismo cava su propia tumba". El modelo económico está, ciertamente, en vías de extinción, y la variación a la que estamos asistiendo es una regresión temporal al Antiguo Régimen, traducida en la optimización de beneficios empresariales (¡y personales!) a través de precarización laboral, disminución de salarios y crecimiento de una idea difusa que en la realidad tiene multitud de nombres y apellidos: exclusión social de los más débiles.
Simplemente voy a hacer una observación que en realidad no considero ni siquiera política, sino que la estimo encuadrada en el sentido común: ¿por qué seguimos permitiendo que los políticos, tecnócratas, banqueros y empresarios siempre lo dejen todo "atado y bien atado"? ¿Qué hace falta para hagamos efectiva la máxima democrática (gobierno para el pueblo)?
Como una piedra me ha dejado la gran noticia de hoy: Rodrigo Rato ha fichado como consejero asesor para Telefónica en Europa y Latinoamérica. ¡Rodrigo Rato! El mismo que presidía Bankia cuando tuvo que ser intervenida por el Estado Español con más de 23.500 millones de euros, el mismo que meses antes había dicho que el beneficio de la entidad era de aproximadamente 300 millones de euros, el mismo que, casualmente, era Vicepresidente segundo del Gobierno de Aznar y ministro de Economía y Hacienda cuando Telefónica se privatizó...
Lo de dejarlo todo "atado y bien atado" es una expresión que se atribuye al Generalísimo, relativa a los deseos continuistas de Franco cuando veía al encapuchado de la hoz acercarse. En principio, nos han hecho creer que la dictadura es pasado, que no todo se "ató y bien ató" y que vivimos en una democracia madura. Sin embargo, la Transición Española comienza su andadura por trigésimo octavo año consecutivo. Al régimen de Franco le ha pasado lo que le pasa a la energía: ni se crea ni se destruye, se transforma.
La misma oligarquía caciquil que gobernaba en España durante la Restauración Canovista, que se adaptó a la dictadura de Primo de Rivera, que se molestó con la II República y se alzó en su contra provocando una Guerra Civil, es la misma oligarquía caciquil que gobierna España en pleno siglo XXI. Podrá tener diferente rostro, pero eso se debe exclusivamente a que ahora son sus hijos y nietos los que gobiernan (unos se hacen estatuas en aeropuertos fantasmas, otros les dicen a los parados "que se jodan", y en esas estamos). Ahora son los herederos de la podredumbre política larvada a lo largo de siglos los que, en aras de la libertad -económica- y como "grandes demócratas" nos siguen dando lecciones sobre quién manda aquí, y sobre cuál es nuestro sitio.
Rodrigo Rato, uno de los máximos artífices de la privatización de Telefónica (o, al menos, uno de los máximos testigos) ficha por la multinacional cuando, casualmente, su imagen pública está más que deteriorada, y cuando su labor como gestor es más que cuestionable. Sin embargo, ahora dará "consejos" a la dirección de Telefónica en las regiones de Europa y América Latina.
Una de las características más representativas de la Restauración Canovista y de las dictaduras de Primo de Rivera y de Franco era el enchufismo desarrollado a través de los caciques por toda la geografía española, un amplio intercambio de favores políticos a cambio de favores económicos o de otra índole. Se ve que Rodrigo Rato debió hacer muchos amigos en Telefónica cuando era ministro de Economía y Hacienda. Se ve que Rodrigo Rato debió hacer muchos amigos cuando formaba parte del mismo Gobierno que privatizó Telefónica.
lunes, 3 de diciembre de 2012
El ficticio Estado del Bienestar
Podría decirse que la crisis en la que estamos sumidos es comparable a la Gran Depresión que desató el crash del ´29 en EE.UU. y que culminó con la destrucción desatada por la II Guerra Mundial en Europa. Para resolver la hecatombe económica que había enfrascado a las sociedades occidentales surgió el concepto de Estado del Bienestar, una suerte de garantías sociales que los Gobiernos otorgaban gracias a los impuestos ciudadanos, cuyo máximo exponente fue el Plan Marshall estadounidense (desarrollado para reconstruir Europa después de la guerra y, de paso, intentar frenar el avance comunista).
El Plan Marshall fue, a grandes rasgos, un conjunto de inversiones y de intervención estatal en los mercados, ya que a partir de la Gran Depresión había quedado demostrado que el libre mercado no aseguraba el bienestar económico. Sin embargo, el proteccionismo gubernamental, que sustentaba las garantías sociales gracias a los impuestos, vio su fin en los años ´80 con las políticas de Ronald Reagan en EE.UU. y de Margaret Thatcher en Inglaterra, apoyando la bajada de impuestos en el incremento de deuda pública y la reducción de servicios sociales públicos (es decir, una oleada de privatizaciones).
En España, que siempre hemos ido en un marco temporal retrasado respecto al resto del mundo occidental, estamos asistiendo al desmantelamiento del Estado del Bienestar que sufrieron otros países a partir de los años ´80, con la excusa de mantener el Estado del Bienestar y con la constancia de que estas políticas son ineficaces, puesto que la bajada de impuestos amparada en las privatizaciones y en el aumento de deuda pública han devenido en la actual crisis mundial: la crisis de deuda.
Ya lo advertía en abril Juan José Millás en un magnífico artículo titulado "Un sindiós", en el que establecía que se ponía precio a la sanidad para que siguiera siendo gratuita, se eliminaban las leyes laborales para defender los derechos de los trabajadores, se aumentaban las tasas universitarias para garantizar la igualdad de oportunidades, o se obedecía ciegamente a Merkel para mantener la soberanía nacional. Y en esas seguimos casi un año después, con el agravante de que cada vez somos más los que no nos lo creemos, al tiempo que aumentan las voces que abogan por una limitación del derecho a huelga o mayor regulación de las manifestaciones.
Con la excusa de mantener el Estado del Bienestar, estamos asistiendo a la destrucción total del Estado del Bienestar. Se han aumentado el IVA y el IRPF pero nadie habla de un impuesto a las grandes fortunas o a las transacciones financieras -al tiempo que las grandes fortunas piden aumentar aun más los impuestos del resto-; crece el presupuesto militar pero no hay dinero para la Memoria Histórica, la Ley de Dependencia o un acceso a la justicia de los más desfavorecidos; se reduce el presupuesto en la escuela pública pero se aumentan las subvenciones públicas en los colegios privados; nos dicen que el rescate a la banca no se producirá del dinero público pero a pesar de los recortes aumenta la deuda pública; se promueve la privatización de la sanidad aun cuando España tiene uno de los mejores modelos sanitarios del mundo -y no está demostrado que la gestión privada de hospitales promueva una mayor eficiencia del sector-; se eliminan las ayudas para alumnos con dificultades pero se mantienen las subvenciones a la tauromaquia, que en algunas regiones equivalen a las ayudas para fomentar el empleo (¡un un país con una tasa de paro que ronda el 25%!); y un largo etcétera que tambalea el supuesto Estado del Bienestar en el que vivimos.
Así pues, la conclusión que deriva de los cambios estructurales a los que estamos asistiendo es clara: nos dirigimos en dirección opuesta a la salida de la anterior gran crisis económica (aun cuando las grandes inversiones e intervención estatal de los años ´40 supusieron las mayores cotas de bienestar social en Occidente). Para más inri, y como dato ilustrativo de la incertidumbre a la que nos estamos encaminando, cabe destacar una sutil diferencia: tras el crash del ´29 se suicidaban los banqueros, ahora se suicidan los ciudadanos de a pie.
El Plan Marshall fue, a grandes rasgos, un conjunto de inversiones y de intervención estatal en los mercados, ya que a partir de la Gran Depresión había quedado demostrado que el libre mercado no aseguraba el bienestar económico. Sin embargo, el proteccionismo gubernamental, que sustentaba las garantías sociales gracias a los impuestos, vio su fin en los años ´80 con las políticas de Ronald Reagan en EE.UU. y de Margaret Thatcher en Inglaterra, apoyando la bajada de impuestos en el incremento de deuda pública y la reducción de servicios sociales públicos (es decir, una oleada de privatizaciones).
En España, que siempre hemos ido en un marco temporal retrasado respecto al resto del mundo occidental, estamos asistiendo al desmantelamiento del Estado del Bienestar que sufrieron otros países a partir de los años ´80, con la excusa de mantener el Estado del Bienestar y con la constancia de que estas políticas son ineficaces, puesto que la bajada de impuestos amparada en las privatizaciones y en el aumento de deuda pública han devenido en la actual crisis mundial: la crisis de deuda.
Ya lo advertía en abril Juan José Millás en un magnífico artículo titulado "Un sindiós", en el que establecía que se ponía precio a la sanidad para que siguiera siendo gratuita, se eliminaban las leyes laborales para defender los derechos de los trabajadores, se aumentaban las tasas universitarias para garantizar la igualdad de oportunidades, o se obedecía ciegamente a Merkel para mantener la soberanía nacional. Y en esas seguimos casi un año después, con el agravante de que cada vez somos más los que no nos lo creemos, al tiempo que aumentan las voces que abogan por una limitación del derecho a huelga o mayor regulación de las manifestaciones.
Con la excusa de mantener el Estado del Bienestar, estamos asistiendo a la destrucción total del Estado del Bienestar. Se han aumentado el IVA y el IRPF pero nadie habla de un impuesto a las grandes fortunas o a las transacciones financieras -al tiempo que las grandes fortunas piden aumentar aun más los impuestos del resto-; crece el presupuesto militar pero no hay dinero para la Memoria Histórica, la Ley de Dependencia o un acceso a la justicia de los más desfavorecidos; se reduce el presupuesto en la escuela pública pero se aumentan las subvenciones públicas en los colegios privados; nos dicen que el rescate a la banca no se producirá del dinero público pero a pesar de los recortes aumenta la deuda pública; se promueve la privatización de la sanidad aun cuando España tiene uno de los mejores modelos sanitarios del mundo -y no está demostrado que la gestión privada de hospitales promueva una mayor eficiencia del sector-; se eliminan las ayudas para alumnos con dificultades pero se mantienen las subvenciones a la tauromaquia, que en algunas regiones equivalen a las ayudas para fomentar el empleo (¡un un país con una tasa de paro que ronda el 25%!); y un largo etcétera que tambalea el supuesto Estado del Bienestar en el que vivimos.
Así pues, la conclusión que deriva de los cambios estructurales a los que estamos asistiendo es clara: nos dirigimos en dirección opuesta a la salida de la anterior gran crisis económica (aun cuando las grandes inversiones e intervención estatal de los años ´40 supusieron las mayores cotas de bienestar social en Occidente). Para más inri, y como dato ilustrativo de la incertidumbre a la que nos estamos encaminando, cabe destacar una sutil diferencia: tras el crash del ´29 se suicidaban los banqueros, ahora se suicidan los ciudadanos de a pie.
jueves, 22 de noviembre de 2012
Solo hay memoria histórica para los judíos
Acabo de leer una noticia en El País cuyo titular reza: "La condición de sefardí dará derecho automático a la nacionalidad española". En el primer párrafo se puede leer: "todos los descendientes de los judíos que fueron expulsados de España en 1492 podrán adquirir la nacionalidad española de forma automática, vivan donde vivan y siempre que acrediten su condición, ya sea por apellidos, idioma, descendencia o vinculación con la cultura y costumbres españolas". Cabe destacar que hay alrededor de tres millones de judíos sefardíes en el Mundo, distribuidos por Francia, Estados Unidos, Israel, Turquía y otros países.
Me he quedado perpleja, puesto que el Gobierno declaró -un par de días después de ganar las elecciones- que no iba a regularizar a los inmigrantes por arraigo social (entendido como la permanencia en España durante un tiempo de al menos tres años). Es decir, que a partir de ahora será más español un argentino cuya familia lleva viviendo cuatrocientos años en Argentina y jamás ha pisado la Península, que un uruguayo que lleva diez años viviendo en España.
Cabe destacar que tamaña necedad no es el único motivo para mi asombro. Las palabras del ministro de Exteriores, José Manuel García-Margallo, acompañan a la perfección a la estupefaciente noticia: uno de los objetivos de la instrucción es "recobrar la memoria de la España silenciada durante mucho tiempo". Las palabras del ministro son sumamente irónicas si se tiene en cuenta que, por ejemplo, los Presupuestos Generales del Estado para 2013 han eliminado la partida destinada a la memoria histórica. Esto se traduce en que para el Gobierno es más importante honrar a los descendientes de los judíos que hubo en España hace quinientos años, que honrar a las víctimas de la Guerra Civil, cuyos hijos aún luchan por encontrar sus restos.
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, tampoco se ha quedado corto al expresar que esta instrucción es la del "reencuentro" para "los que han sido injustamente privados de su nacionalidad y han recreado a través del afecto una España que nunca se resignaron a perder y que a partir de ahora es tan suya como nuestra". En este punto he pensado en los miles de musulmanes que fueron expulsados a la vez que los judíos por los Reyes Católicos, y en si sus descendientes tendrán también derecho a la nacionalidad española. Es más, me han venido a la mente todos los españoles que debido a las crisis económicas de los siglos XVI, XVII, XVIII y XIX emigraron a Latinoamérica, y teniendo en cuenta que huir de la pobreza es una imposición forzosa (para evitar la muerte y la miseria), ellos también deberían reencontrarse con la nacionalidad de la que han sido "injustamente" privados.
Por otro lado, hay que tener en cuenta el contexto internacional de estos días en Oriente Medio. Aunque ayer Israel y Hamás acordasen un alto el fuego, durante los ocho días precedentes no han cesado multitud de ataques -hacia Gaza y el sur de Israel, respectivamente- que han costado la vida a 162 palestinos (de los que 42 son niños,, 11 mujeres y 18 ancianos) y cinco judíos (de los que cuatro son militares). Además, el Primer Ministro israelí, Bejamín Netanyahu, flirteó con la idea de un ataque terrestre a la Franja de Gaza. Espero equivocarme con mi intuición de malpensada, pero me viene a la cabeza que esto de la legalización de los sefardíes, justo en este momento, podría suponer un guiño al Gobierno sionista.
En definitiva, e independientemente del contexto actual en lo que a política internacional se refiere, la decisión del Gobierno de nacionalizar a los sefardíes en masa, exclusivamente por ser sefardíes, es una medida anacrónica, incoherente y, por qué no decirlo, ridícula.
Me he quedado perpleja, puesto que el Gobierno declaró -un par de días después de ganar las elecciones- que no iba a regularizar a los inmigrantes por arraigo social (entendido como la permanencia en España durante un tiempo de al menos tres años). Es decir, que a partir de ahora será más español un argentino cuya familia lleva viviendo cuatrocientos años en Argentina y jamás ha pisado la Península, que un uruguayo que lleva diez años viviendo en España.
Cabe destacar que tamaña necedad no es el único motivo para mi asombro. Las palabras del ministro de Exteriores, José Manuel García-Margallo, acompañan a la perfección a la estupefaciente noticia: uno de los objetivos de la instrucción es "recobrar la memoria de la España silenciada durante mucho tiempo". Las palabras del ministro son sumamente irónicas si se tiene en cuenta que, por ejemplo, los Presupuestos Generales del Estado para 2013 han eliminado la partida destinada a la memoria histórica. Esto se traduce en que para el Gobierno es más importante honrar a los descendientes de los judíos que hubo en España hace quinientos años, que honrar a las víctimas de la Guerra Civil, cuyos hijos aún luchan por encontrar sus restos.
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, tampoco se ha quedado corto al expresar que esta instrucción es la del "reencuentro" para "los que han sido injustamente privados de su nacionalidad y han recreado a través del afecto una España que nunca se resignaron a perder y que a partir de ahora es tan suya como nuestra". En este punto he pensado en los miles de musulmanes que fueron expulsados a la vez que los judíos por los Reyes Católicos, y en si sus descendientes tendrán también derecho a la nacionalidad española. Es más, me han venido a la mente todos los españoles que debido a las crisis económicas de los siglos XVI, XVII, XVIII y XIX emigraron a Latinoamérica, y teniendo en cuenta que huir de la pobreza es una imposición forzosa (para evitar la muerte y la miseria), ellos también deberían reencontrarse con la nacionalidad de la que han sido "injustamente" privados.
Por otro lado, hay que tener en cuenta el contexto internacional de estos días en Oriente Medio. Aunque ayer Israel y Hamás acordasen un alto el fuego, durante los ocho días precedentes no han cesado multitud de ataques -hacia Gaza y el sur de Israel, respectivamente- que han costado la vida a 162 palestinos (de los que 42 son niños,, 11 mujeres y 18 ancianos) y cinco judíos (de los que cuatro son militares). Además, el Primer Ministro israelí, Bejamín Netanyahu, flirteó con la idea de un ataque terrestre a la Franja de Gaza. Espero equivocarme con mi intuición de malpensada, pero me viene a la cabeza que esto de la legalización de los sefardíes, justo en este momento, podría suponer un guiño al Gobierno sionista.
En definitiva, e independientemente del contexto actual en lo que a política internacional se refiere, la decisión del Gobierno de nacionalizar a los sefardíes en masa, exclusivamente por ser sefardíes, es una medida anacrónica, incoherente y, por qué no decirlo, ridícula.
Estado policial en Madrid
Michael J. Sodaro, reputado profesor de ciencia política y relaciones internacionales en la Universidad de George Washington y experto en política comparada, ha escrito Política y Ciencia Política, un manual de referencia que es empleado en muchas universidades para introducir la política a los alumnos de ciencias sociales.
En la segunda página del citado manual se encuentra la siguiente afirmación: "La base esencial de los regímenes democráticos es que los ciudadanos tienen el derecho a determinar quién les gobierna y a hacer responsables a sus gobernantes de las acciones que emprenden. Las democracias imponen también límites legales al poder del Estado garantizando ciertos derechos y libertades a sus ciudadanos".
Este párrafo introductorio viene a colación de dos noticias publicadas esta semana en relación a la delegada del Gobierno de Madrid, Cristina Cifuentes. En primer lugar, Cifuentes va a crear una unidad policial -denominada unidad "bronce"-, integrada por 378 agentes, para apoyar las labores de los antidisturbios en manifestaciones y desahucios. En segundo lugar, Cifuentes ha multado a un periodista y un estudiante que fotografiaron las cargas policiales en la estación de Atocha del pasado 25 de septiembre.
Es decir, el pasado 25 de septiembre se cometió un flagrante abuso de autoridad por parte de las fuerzas del orden -aunque hubieran sido necesarias las cargas policiales en las inmediaciones del Congreso, es injustificable que los antidisturbios entrasen en la Estación de Atocha (a casi 1 km de distancia) para cargar contra los usuarios de Renfe-.
Por lo que no sólo no se buscan responsabilidades dentro de la mala praxis policial, sino que se refuerzan sus actuaciones punibles y se castiga a los ciudadanos.
Por otro lado, me gustaría tocar el tema del marido de Cristina Cifuentes, Francisco Javier Aguilar Viyuela. Hace unos meses se desató un rumor sobre si Aguilar Viyuela se encontraba en situación de busca y captura a causa de una indemnización -de unos 45.000 euros- que no había pagado, bulo que Cifuentes no tardó en desmentir. Cierto es que Aguilar Viyuela no está en busca y captura, ya que el pleito que sostuvo no era penal, sino social; sin embargo, según publica el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, tal indemnización no ha llegado a ser abonada porque Aguilar Viyuela se encuentra en "ignorado paradero", aun cuando existen fotografías suyas junto a su esposa en la mismísima Delegación del Gobierno en Madrid fechadas a principios de octubre de 2012.
En definitiva, vivimos en un país donde la responsable última de la Delegación del Gobierno es capaz de multar a periodistas por ejercer libremente su profesión; es capaz de no admitir los abusos de poder que cometen algunos antidisturbios, aun habiendo documentos gráficos que lo atestiguan; es capaz, incluso, de respaldar las actuaciones de esas fuerzas del orden que cometen abusos al aumentar los efectivos policiales con nuevas unidades; pero no es capaz de decirle a su marido que igual debería cumplir con la justicia.
Si una "democracia" permite que sus fuerzas del orden hagan lo que les dé la gana sin ser represaliados (es decir, no hace responsables a sus gobernantes de las acciones que emprenden) , y además les "premia" y reconoce su labor aumentando las unidades policiales para que les ayuden en sus labores represivas (es decir, hace lo contrario a imponer límites legales al poder del Estado), a la vez que castiga a los ciudadanos que ejercen libremente sus derechos individuales (es decir, no garantiza ciertos derechos y libertades), a lo mejor deberíamos cambiar el término "democracia" por "Estado policial".
En la segunda página del citado manual se encuentra la siguiente afirmación: "La base esencial de los regímenes democráticos es que los ciudadanos tienen el derecho a determinar quién les gobierna y a hacer responsables a sus gobernantes de las acciones que emprenden. Las democracias imponen también límites legales al poder del Estado garantizando ciertos derechos y libertades a sus ciudadanos".
Este párrafo introductorio viene a colación de dos noticias publicadas esta semana en relación a la delegada del Gobierno de Madrid, Cristina Cifuentes. En primer lugar, Cifuentes va a crear una unidad policial -denominada unidad "bronce"-, integrada por 378 agentes, para apoyar las labores de los antidisturbios en manifestaciones y desahucios. En segundo lugar, Cifuentes ha multado a un periodista y un estudiante que fotografiaron las cargas policiales en la estación de Atocha del pasado 25 de septiembre.
Es decir, el pasado 25 de septiembre se cometió un flagrante abuso de autoridad por parte de las fuerzas del orden -aunque hubieran sido necesarias las cargas policiales en las inmediaciones del Congreso, es injustificable que los antidisturbios entrasen en la Estación de Atocha (a casi 1 km de distancia) para cargar contra los usuarios de Renfe-.
Por lo que no sólo no se buscan responsabilidades dentro de la mala praxis policial, sino que se refuerzan sus actuaciones punibles y se castiga a los ciudadanos.
Por otro lado, me gustaría tocar el tema del marido de Cristina Cifuentes, Francisco Javier Aguilar Viyuela. Hace unos meses se desató un rumor sobre si Aguilar Viyuela se encontraba en situación de busca y captura a causa de una indemnización -de unos 45.000 euros- que no había pagado, bulo que Cifuentes no tardó en desmentir. Cierto es que Aguilar Viyuela no está en busca y captura, ya que el pleito que sostuvo no era penal, sino social; sin embargo, según publica el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, tal indemnización no ha llegado a ser abonada porque Aguilar Viyuela se encuentra en "ignorado paradero", aun cuando existen fotografías suyas junto a su esposa en la mismísima Delegación del Gobierno en Madrid fechadas a principios de octubre de 2012.
En definitiva, vivimos en un país donde la responsable última de la Delegación del Gobierno es capaz de multar a periodistas por ejercer libremente su profesión; es capaz de no admitir los abusos de poder que cometen algunos antidisturbios, aun habiendo documentos gráficos que lo atestiguan; es capaz, incluso, de respaldar las actuaciones de esas fuerzas del orden que cometen abusos al aumentar los efectivos policiales con nuevas unidades; pero no es capaz de decirle a su marido que igual debería cumplir con la justicia.
Si una "democracia" permite que sus fuerzas del orden hagan lo que les dé la gana sin ser represaliados (es decir, no hace responsables a sus gobernantes de las acciones que emprenden) , y además les "premia" y reconoce su labor aumentando las unidades policiales para que les ayuden en sus labores represivas (es decir, hace lo contrario a imponer límites legales al poder del Estado), a la vez que castiga a los ciudadanos que ejercen libremente sus derechos individuales (es decir, no garantiza ciertos derechos y libertades), a lo mejor deberíamos cambiar el término "democracia" por "Estado policial".
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